La protección jurídica es una garantía por la cual se cubren los gastos de un asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial, en el ámbito de la vida particular. Garantiza la cobertura completa de los riesgos jurídicos a los que una persona puede quedar expuesta y es capaz de abarcar desde el asesoramiento de un abogado para dudas legales hasta la prevención de conflictos.

Por lo general los tipos de consultas y prestaciones más solicitados se centran en áreas de reclamación por obras de rehabilitación de viviendas, demandas de conciliación y reclamación por despido, defensa por denuncias de ayuntamientos o vecinos, así como reclamaciones a operadoras de Internet por facturación incorrecta.

La protección jurídica es, en definitiva, una solución global para cualquier particular o empresa que desee mantener el control de sus gestiones legales y todo esto, sin el perjuicio de perder tiempo o dinero para su total resolución.